“En toda sociedad algunas personas actúan de modo disruptivo o, sin intención de serlo, exponen a otros a indebidos riesgos de lesiones. El Estado debe tener el derecho y la obligación de minimizar esos riesgos y de remediar esa disrupción”
Este tema, que parecería propio del sector de transporte y de la movilidad, se ha convertido en un grave problema de seguridad ciudadana y salud pública, prueba de ello es que para 2015 se planteaba que “en Colombia los accidentes de transporte dejan cerca de siete mil personas sin vida al año y es la segunda causa de muerte violenta en el país” (ICMLCF, 2016, pág. 482) , cifra que no muestra cambios sustanciales tres años después, para el año 2018, año en que el ICMLCF realizó 25.807 necropsias por muerte violenta, de las cuales corresponde el “26,7 % (6.879) a muertes en accidentes de transporte” (ICMLCF, 2018, pág. 15) .
Sin embargo, la pasividad del Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial es escalofriante, entre otras cosas, porque no han construido una política pública seria de construcción de ciudadanía para resolver entre otros problemas, el de la violencia vial. Así se lo expresamos en 2019 a la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV en desarrollo de la “Audiencia Pública Seguimiento a la Seguridad Vial en Colombia”, realizada por la Contraloría General de la República, donde les manifestamos que hace falta estructurar de una mejor manera el trabajo con la ciudadanía. Entre otras cosas, porque las acciones aisladas con los actores viales sin una adecuada estructura de trabajo no permitirán que como sociedad podamos avanzar en la construcción de un sistema vial que respete la vida.
Y aquí seguimos sin una política pública bien estructurada en materia de seguridad vial. Sin lugar a dudas, como bien se planeta en el informe Forensis correspondiente al año 2018, “esto es un retroceso para el país ya que en la década mundial por la seguridad vial 2011-2020 ha aumentado en 19 % las muertes de siniestros viales” (ICMLCF, 2018, pág. 331)
El escenario de la movilidad es uno de los espacios en los que se presenta una mayor vulneración al derecho a la vida, incluso en casos en los que aunque no exista la intencionalidad de causar daño, muchas personas pierden la vida o sufren lesiones como resultado de condiciones de riesgo producidas por múltiples factores, uno de los cuales es la “débil disciplina de los conductores” (Gakenheimer, 1998) . Es precisamente por la multiplicidad de factores que inciden en las dinámicas de violencia vial, que incluso en el informe Forensís de 2016 se destaca que “la inseguridad vial es un fenómeno que traspasa las fronteras del tránsito y del transporte, es un problema que infiere intervenciones multisectoriales para generar avances sostenidos y a largo plazo” (ICMLCF, 2016, pág. 571)
Para dimensionar este problema, ojala, así como dimensionamos el impacto de COVID-19, miremos las siguientes cifras:
De acuerdo con el informe correspondiente al año 2015, “al Instituto Nacional de Medicina Legal fueron reportados 52.690 casos atendidos por accidentes de transporte; las lesiones fatales corresponden a un total de 6.884 personas fallecidas (13,07%) y las lesiones no fatales reportan un total de 45.806 personas lesionadas (86,93%)” (ICMLCF, 2016, pág. 481) ; mientras que para 2016 fueron reportados 52.536 casos atendidos por accidentes de transporte; las lesiones fatales corresponden a un total de 7.280 personas fallecidas (13.86%) y las lesiones no fatales reportan un total de 45.256 personas lesionadas (86.14%) (ICMLCF, 2017, pág. 441)
Con relación a las lesiones por accidentes de tránsito, se observa un incremento sostenido desde el año 2013 al 2016, pasando de 41.823 casos a 45.256 respectivamente (ICMLCF, 2017, pág. 445) , para 2016 los conductores fueron las principales víctimas de lesiones por accidentes de transporte con 24.066 casos (ICMLCF, 2017, pág. 450)
Y sigue el incremento de estas cifras, porque en 2017 “fueron reportados 46.869 casos atendidos por accidentes de transporte; las lesiones fatales corresponden a 6.754 personas fallecidas (14,41%) y las lesiones no fatales reportan 40.115 personas lesionadas (85,59%)”. (ICMLCF, 2017, pág. 389) , siendo, según el medio de transporte quienes utilizan la motocicleta - motocarro, junto al peatón, los actores viales que reportan más muertes por accidentes de transporte (ICMLCF, 2017, pág. 398) Los 10 departamentos con más casos reportados para 2017 fueron: Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá D.C., Cundinamarca, Santander, Tolima, Huila, Cesar, Nariño, y Córdoba. (ICMLCF, 2017, pág. 407)
Los problemas de salud pública no aparecieron con el COVID-19, los más de 50.000 muertos y lesionados de 2017 a causa de la violencia vial, llevaron a que desde la institucionalidad se reconociera una vez más que “Colombia está frente a un desafío de orden de salud púbica” (ICMLCF, 2017, pág. 435)
Y siguen presentándose resultados similares para 2018, con “46.416 casos atendidos por accidentes de transporte; las lesiones fatales corresponden a un total de 6.879 personas fallecidas, 14,82 %, y las lesiones no fatales reportan un total de 39.537 personas lesionadas, 85,18 %” (ICMLCF, 2018, pág. 299) Al igual que en 2017 la fatalidad en estos siniestros afecta principalmente a los actores viales de la interacción “peatón vs motocicleta 11,16 %” (ICMLCF, 2018, pág. 308)
Uno de los aspectos que más debería preocupar a las entidades públicas, pero no parece haber llamado tanto su atención, es que “en el último año la mayor parte de las personas fallecidas por accidentes de transporte tuvieron un nivel de escolaridad de básica secundaria o menor con un porcentaje acumulado de 92,92 % de los casos” (ICMLCF, 2018, pág. 302) , lo que implica que son las personas con menor nivel de formación, quienes se encuentran más expuestas a las dinámicas de violencia vial, lo que permite que nos cuestionemos si la respuesta seria la misma en el caso que las principales víctimas fuesen sectores de la población menos vulnerables.
Autor:
Germán Fandiño Sierra.
Politólogo Internacionalista.
Magister en Derechos Humanos y Democratización
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