“según datos brindados por la Fiscalía General de la Nación, en casos de delitos de acceso carnal violento fuera del conflicto armado, estiman que cerca del 90% se encuentran en la impunidad, mientras en los casos del mismo delito en persona protegida casi el 100% no ha mostrado avances procesales.
Según la Organización Mundial de la Salud OMS, se entiende como violencia sexual “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar, y el lugar de trabajo” (Organización Panamericana de la Salud,Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, 2003, pág. 161)
Para prevenir este tipo de violencia las instituciones públicas deben centrar su atención en las dinámicas de convivencia intrafamiliar, porque la violencia sexual se materializa con mayor frecuencia en contra de niños, niñas y adolescentes, en escenarios privados como la vivienda, siendo frecuentemente los agresores personas cercanas a la víctima. (ICMLCF, 2017, pág. 396)
Como se mostrara más adelante, las cifras reportadas en los informes del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sobre violencia sexual para los años 2015, 2016, 2017, y 2018 evidencian la gran afectación que se produce como resultado de las múltiples formas de violencia mediante las cuales se desconoce que “la soberanía de la persona quiere decir la libre elección de sus opciones culturales, sexuales y religiosas” (Guendel, La encrucijada del enfoque de derechos: pensando y haciendo la poltíca pública de otra manera, 2007, pág. 58) , lo que implica que las relaciones sexuales deben desarrollarse de manera libre y consentida, porque de lo contrario se convierten en casos de agresión sexual o violación.
Respecto a este tipo de violencia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó que “durante el año 2015 se realizaron 22.155 exámenes médico legales por presunto delito sexual con una tasa de 46 casos por cada cien mil habitantes y un incremento de 1.040 casos con respecto al año anterior siendo las mujeres las más afectadas, en un 85,2%” (ICMLCF, 2016, pág. 355) , y aunque tanto la cifra, como el incremento presentado son alarmantes, uno de los elementos más preocupantes de este informe es ver que con relación al año 2014, “los exámenes médico legales por presunto delito sexual practicados a niños/niñas en primera infancia (0-5 años) se incrementaron en un 12,46%” (ICMLCF, 2016, pág. 355)
El informe correspondiente al año 2015 indica que “el presunto agresor en el 88% de los casos (16.813), corresponde a una persona cercana como un familiar, la pareja o expareja, amigo, o el encargado del cuidado de la víctima. El principal escenario para la ocurrencia de este tipo de violencia fue la vivienda. Dentro de la violencia sexual incestuosa se observó que el principal abusador fue el padre con 1.582 casos seguido del tío con 1.278 casos, siendo las niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años las principales víctimas” (ICMLCF, 2016, pág. 355) Asi, las personas más cercanas a las victimas e incluso sus familiares pueden ser los principales agresores en los casos de Violencia Sexual.
Los delitos por los cuales se presenta un mayor número de sindicados y condenados para el año 2015 son los actos sexuales con menor de catorce años y el acceso carnal abusivo con menor de catorce años (ACNUDH, 2016, pág. 358) Para el año 2015 los cuatro principales presuntos perpetradores del delito sexual fueron familiares, conocidos, amigos, la pareja o la expareja, (ICMLCF, 2016, pág. 363) , situación que se mantuvo para 2016, año en que estos continúan siendo los cuatro principales presuntos perpetradores del delito sexual, presentando un total de 17.284 casos del total de 19.603 casos reportados en 2016 (ICMLCF, 2017, pág. 361) , además, el 77.81% del total de casos reportados en 2015 ocurrieron en la vivienda (ICMLCF, 2016, pág. 365) , mientras que para 2016 los casos de delito sexual que se perpetraron en las viviendas fueron 15.297, lo que representa un porcentaje de 76.06% del total de los casos reportados (ICMLCF, 2017, págs. 363 - 364)
Las etapas en que se realizaron más exámenes medico legales por presunto delito sexual durante 2015 fueron la adolescencia (8.789 casos), la infancia (6.775 casos), y la primera infancia (3.617 casos). Como se puede ver, el grupo en el que se presentaron más casos de violencia sexual fue el de los adolescentes, y los principales escenarios de los hechos fueron la vivienda (15.135 casos), vía pública – calles – carreteras (1.991 casos), y las áreas recreativas – baldíos – espacios libres (874 casos) (ICMLCF, 2016, pág. 389) . Mientras que en relación a 2016, en el informe no se habla de ciclos vitales, sino de grupos de edad, por lo que se indica que los grupos de edades más afectados son de 10 a 13 años (6.913 casos), de 5 a 9 años (4.978 casos) y de 14 a 17 años (4.152 casos) (ICMLCF, 2017, pág. 358)
Los cuatro casos en los que se identifican los exámenes médico legales practicados a los agresores en los presuntos delitos sexuales para el año 2016 son: familiar (8.496 casos), conocido (5.090 casos), amigo/a (1.896 casos), y pareja o expareja (1.802 casos) (ICMLCF, 2017, pág. 361)
Resulta lamentable ver que con el 86,24% de los casos, “ la vivienda fue el escenario principal de la agresión de las víctimas en todos los ciclos vitales” (ICMLCF, 2016, pág. 388) , lo que nos muestra que las familias, en lugar de ser un escenario de protección, en realidad representa mayor vulnerabilidad y exposición al riesgo de sufrir actos de violencia sexual, siendo las mujeres las principales víctimas, ya que “de las 22.155 valoraciones por presunto delito sexual registrados durante el año 2015, el 85% de las víctimas fueron mujeres (18.876 casos, tasa por 100.000 habitantes de 77,35); por hombre víctima de presunto delito sexual se presentan seis mujeres víctimas” (ICMLCF, 2016, pág. 360) , lo que evidencia que también se hace necesario adoptar medidas para la atención de los hombres que sufren abuso sexual.
Por si fuera poco, miles de personas que forman parte de la familia de las víctimas, como el de padre o tío, se han convertido en perpetradores de actos de violencia sexual en menores, así lo refleja el informe al plantear que “dentro de la violencia sexual incestuosa se observó que el principal abusador es el padre con 1.582 casos registrados, seguido del tío con 1.278 casos. Las principales víctimas fueron, niñas y las adolescentes entre los 10 y 14 años” (ICMLCF, 2016, pág. 363)
Vale la pena aclarar que el daño causado a los menores por este tipo de violencia no se acaba con la consumación del acto de violencia sexual, “las consecuencias del abuso en tan importante etapa de la vida pueden llegar a constituirse en serios trastornos del desarrollo físico, afectivo y psicosocial” (ICMLCF, 2016, pág. 414) , razón por la cual pueden afectar no solo el futuro de las víctimas de abuso sexual, sino a su entorno inmediato en la actualidad y a futuro.
La importancia de avanzar en el establecimiento de adecuados canales de comunicación, así como de garantizar el cumplimiento del Modelo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual del Ministerio de Salud por parte de las autoridades a nivel nacional, cobra especial importancia si se tiene en cuenta que “la violencia sexual viene en aumento desde el año 2013, el incremento en el número de casos puede tratarse de un incremento en las denuncias más no en los casos sucedidos y verse influenciado por la percepción de las víctimas a un acceso a la justicia más eficaz y a la implementación de modelos de atención más accesibles” (ICMLCF, 2016, pág. 359) .
Para los años 2017 y 2018, las cifras siguen mostrando resultados poco alentadores frente a los casos de violencia sexual, los cuales solo se conocen cuando las victimas toman la decisión de poner en conocimiento de las autoridades este tipo de actos, por lo cual se presenta subregistro en los casos en que las victimas tienen miedo de denunciar al agresor, o no confía en las instituciones. Así, para 2017 “se registraron 23.798 casos de violencia sexual, lo que representa un incremento del 11,2% respecto al año 2016” (ICMLCF, 2017, pág. 9) , lo que representa “una tasa por cada 100.000 habitantes de 48,28, que se traduce en la mayor si se contrasta con lo registrado desde el año 2008 hasta el 2016”. (ICMLCF, 2017, pág. 343) , además, con esta cifra se presentan un “aumento del 11,21% respecto al año 2016”. (ICMLCF, 2017, pág. 303)
Al igual que en 2015 y 2016, para 2017 la vivienda es el lugar donde se presentan más actos de violencia sexual, toda vez que allí “se perpetró el 76,56% de los casos registrados durante el año 2017” (ICMLCF, 2017, pág. 303) . Para 2018 “se realizaron 26.065 exámenes médico legales por presunto delito sexual con una tasa por cada cien mil habitantes de 52,30 y un incremento de 2.267 casos con respecto al año anterior”. (ICMLCF, 2018, pág. 231) Así las cosas, mientras las cifras siguen creciendo, son las menores entre los 10 y 13 quienes corren el mayor riesgo de sufrir “algún tipo de violencia sexual con 9.350 valoraciones que corresponden a un 41,91 %. Mientras que en los niños es el rango de edad de los 5 a los 9 años el más vulnerable con un 36,47 % equivalente a 1.370 casos”. (ICMLCF, 2018, pág. 237)
Otra situación, sumamente grave, que muestra que el impacto de la violencia sexual puede generar múltiples consecuencias que inciden de manera notoria en el futuro de las víctimas, no solo a nivel psicológico, sino físico es que “de las 22.309 valoraciones realizadas a mujeres por presunto delito sexual, 9.545 entre los 10 y 17 años se encuentran embarazadas” (ICMLCF, 2018, pág. 241)
Ojala entendamos que el COVID-19 no es el único problema de salud pública que debe convocar a todos los sectores de la sociedad, y que la solución a múltiples problemas, como la violencia sexual requieren del compromiso de todos, porque como bien señala el informe Forensis, este es un “fenómeno multidimensional en el que confluyen aspectos sociales, culturales, políticos y legales, debe ser abordada como una problemática de salud pública en Colombia”. (ICMLCF, 2017, pág. 345)
Germán Fandiño Sierra.
Politólogo Internacionalista.
Magister en Derechos Humanos y Democratización
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